En estos días se están tratando en Comisiones de la Cámara de Diputados algunos anteproyectos acerca de la tenencia de drogas para el consumo personal. En general se habla de “despenalización” a secas, como si éste fuera el aspecto más importante a abordar en esta problemática. Y me parece que es bueno para todos que contextualicemos.

En varias ocasiones se ha llegado a proponer como modelo la legislación sancionada en Portugal para despenalizar. Digamos que el Congreso lusitano tomó esta medida juntamente con una serie de recaudos y contenciones socio-sanitarias que no figuran en los anteproyectos en análisis. Al respecto ha dicho el señor João Castel-Branco Goulão, coordinador del Centro de Drogas Ilegales y Alcohol del Ministerio de Salud de ese país: "Si se quita la acción del sistema penal, hay que tener otro tipo de respuesta frente al consumidor. Es necesario que el sistema de salud esté preparado para recibir a personas con problemas de consumo, eso es determinante". Allí, a quien consume en la vía pública se lo lleva a un comité formado por un psicólogo, un trabajador social y un personal de la justicia. Se le intenta disuadir de su conducta. Es claro el mensaje de que consumir hace daño. Es muy distinto a “dale que está todo bien, vos tenés derecho a autodestruir tu salud, vos sos libre y con tu cuerpo hacés lo que se te da la gana”.

La Ley debe tener en cuenta a todas las personas. La droga es nociva y siempre provoca daño a la salud. Pero golpea con mayor dureza en los más débiles. ¿Se puede resguardar a los pobres el derecho a drogarse cuando no tuvieron garantizados los derechos a la alimentación en su infancia, a la vivienda digna, a la atención sanitaria, a la educación de calidad, a las cloacas, al deporte... y tantos otros?

En algunos medios, al referirse a la mirada de la Iglesia se ha escrito: “la Iglesia se opone a la despenalización”, pero esto es parcializar el mensaje. Siempre hemos afirmado que no se debe criminalizar al adicto. Pero también decimos que si no se le brindan posibilidades concretas de recuperación, el que es pobre termina robando o prostituyéndose o mendigando para comprar la sustancia. Y ninguna de esas alternativas se corresponden a su dignidad, y terminan irremediablemente afectando a terceros. Es por eso que insistimos en que la discusión no puede estar reducida a despenalizar sí o no, sino que hay
que inscribirla en un marco más amplio.

Es imprescindible crear otras alternativas que orienten las acciones no hacia cuestiones penales, sino a la verdadera atención de los que sufren la enfermedad, alentando y fortaleciendo a la sociedad toda para desarrollar condiciones de vida dignas alejadas de la esclavitud a que someten las drogas.

Insisto: Es importante contextualizar socio-culturalmente la legislación. Si el mensaje que reciben los jóvenes y la sociedad favorece el consumo y pone más cerca a la droga, seguiremos en camino de deterioro cada vez mayor.

En los últimos 20 años se duplicaron la cantidad de cárceles en la Argentina, pero no hubo la misma inversión en centros de atención de adictos. Si se hubiera hecho al revés, el resultado hubiera sido otro.

En la Iglesia a los adictos nunca los hemos criminalizado ni excluido. Ellos y sus familias suelen acudir a plantear sus angustias no sin desesperación. Ante la ausencia o la distracción voluntaria del Estado, nosotros seguimos allí. Pueden poner la mirada en Barrios, asentamientos, Villas y preguntar por los organismos del Estado, y muchos dirán que no los conocen. Sin embargo las Capillas y otras Instituciones están junto a los pobres, bancando el drama que produce la droga.

Nosotros seguiremos diciendo: “Bienaventurados los pobres, los sin tierra, sin Patria ni hogar...”. Por ellos queremos seguir comprometidos en el amor.



Estamos a favor del adicto.
Lo recibimos y abrazamos.
Sabemos del vacío de su corazón.
Necesitan que la sociedad los mire y ampare.
No que legitimemos su conducta.



Comisión de Drogadependencia
de la Conferencia Episcopal Argentina