Cerca de cumplirse el mes en que un número importante de familias ocuparon ilegalmente predios enclavados en la zona del Barrio Pirayuí, reclamando la posibilidad de acceso a una vivienda digna (derecho garantizado por nuestra Constitución Nacional), asombra que autoridades provinciales y municipales (el orden, para la emergencia del caso, es aleatorio), aún no han alcanzado a dar respuesta efectiva a tan acuciante situación. Ocupación que, por otro lado, no es sino el emergente de una realidad social que reclama una justicia “largamente esperada”.
A este estado de cosas no se llegó en forma imprevista y repentina (aun cuando para muchos haya resultado sorpresivo), pues una multiplicidad de procesos venían gestándolo.
La causa principal de la actual situación es la enorme desigualdad social que no deja de crecer, aun habiendo mejorado los índices de pobreza e indigencia. Y la pobreza extrema provoca situaciones extremas y suscita también necesidades extremas, que muchos buscan atenuar con diversas maneras de integración urbana y de reclamo social.
Por ello, más allá de los encuadres jurídicos y de los diagnósticos, urge hallar respuestas no sólo para hoy sino con proyección de futuro.
Sigue siendo vital para nuestra provincia la justa distribución de la tierra.
Que la ocupación es ilegal. Tienen razón. Pero no por ello deja de ser legítima.
Que debieran haber agotado las vías administrativas y legales de reclamo de una vivienda digna, también es razonable. Pero lo razonable deja de ser tal cuando los plazos para obtener respuestas eficaces a necesidades apremiantes se tornan inciertos e interminables, en tanto la vida transcurre sin pausa. “Los tiempos de la política” –y muchas veces los de la ley-, no se condicen con el acuciante tiempo de lo cotidiano. Además, a muchos de estos conciudadanos no se les facilitaron caminos para instruirse y poder así estar en un todo capacitados para asumir las vías legales pertinentes.
También es cierto que la ocupación de estos terrenos violenta la propiedad privada y que por lo tanto, debe revertirse. Sin embargo, recordemos que, como decía Juan Pablo II, “Sobre toda propiedad privada grava una hipoteca social”. Y, además, “la Propiedad Privada no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto” (Populorum Progresio 23), porque “en la necesidad, todas las cosas son comunes” (Gaudium et Spes 69), atento al principio del Derecho Universal al uso de los bienes.
Que este asentamiento probablemente conlleva dificultades de convivencia (a veces, serias). También es muy posible. Pero la tolerancia y la comprensión son virtudes ciudadanas necesarias para una convivencia en paz. Y con respecto al incremento o no de delitos, ¿qué zona de la ciudad está libre de ellos? Además, el Derecho del uso universal de los bienes nos exige que se vele con particular solicitud por aquellos que se encuentran en situaciones de marginación: esta es una forma de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana.
Con todo esto, la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz no pretende desconocer el orden instituido ni el funcionamiento saludable de las instituciones democráticas y mucho menos alentar acciones que las vulneren. Simplemente reconocemos una situación de hecho que debe ser considerada en todo su contexto y compartimos con nuestros conciudadanos y con nuestros hermanos en la fe estas consideraciones, atentos, sobre todo, a aquello que nos pedía Juan Pablo II: “Tiendan puentes, no levanten muros”.
Ante este triste aniversario de ocupación de tierras, de frío extremo y de necesidades acuciantes vividas por mujeres y varones, niños y ancianos, de desamparo y de controversias, ¿no será hora ya de que los poderes municipal y provincial acerquen posiciones? ¿De que se reúnan de la manera que consideren más eficiente, quizás conjuntamente con algunas organizaciones de la sociedad civil y con los propios ciudadanos que ocuparon el predio? ¿De que dialoguen sobre esta realidad y piensen y acuerden caminos de gestión conjunta para hallar respuestas no sólo coyunturales sino también a futuro?
Creemos que el diálogo es la primera salida, dado que significa una búsqueda en común y de lo común, de lo que es verdadero, bueno y justo para la sociedad, para el bien común, más allá de los grupos o facciones y sus diferencias, para construir en base a los acuerdos.
Además, implica compartir la corresponsabilidad en el proceso, a pesar de las oposiciones y conflictos, para estudiar en forma colaborativa alternativas y propuestas que, prudencialmente puedan articular los justos intereses de las partes con las exigencias del bien común.
Y finalmente, supone una cuota de grandeza en el perfil de los participantes que les permita, con lucidez, creatividad y humildad, abandonar cuestiones propias pero accidentales, en pro de otras, que aunque menos ligadas a lo propio, posean mayor peso para el bien común.
Les pedimos, pues, a nuestros mandatarios de todos los niveles, “Tiendan puentes….”, dialoguen entre sí y juntos gestionen ante el poder nacional todo aquello que crean que, en justicia, Corrientes necesita para facilitar en particular a sus ciudadanos más vulnerables, una vivienda digna.