Introducción

Vengo en nombre de la comunidad católica de la Arquidiócesis de Corrientes a compartir el pensamiento de la Iglesia (1)  sobre algunas cuestiones principales que están en juego en la proyectada Reforma del Código Civil. Pero, antes de entrar en ello, quisiera expresar que desde la Iglesia valoramos la enorme tarea que significó la elaboración del texto legislativo que nos ocupa. Reconocemos, además, el esfuerzo de muchas personas que aportaron su sabiduría y experiencia para que hoy podamos realizar este debate sobre la reforma del Código Civil, que actualiza razonablemente la legislación en diversos campos de la convivencia civil de la comunidad.
Sin embargo, hay algunos temas de fondo que tienen gran trascendencia para la vida cotidiana de nuestra gente, y tocan principios y valores que hacen a la identidad misma de las personas y de los vínculos que establecen entre ellas. Por ejemplo, donde el texto de la actual Reforma se refiere al comienzo de la vida, se configura una discriminación injusta entre el embrión humano implantado y no implantado; en la familia, donde prácticamente se vacía de contenido al vínculo matrimonial; y en la filiación donde se desconoce el derecho a la identidad en los casos de fecundación asistida heteróloga, constituye un peligroso retroceso respecto a la auténtica dignidad humana (2). Y, finalmente, la presencia de la Iglesia Católica y las otras iglesias y comunidades religiosas, que será el primer tema a desarrollar.

1. La Iglesia Católica en el Código Civil
El artículo 146 inciso “c” del Proyecto de Código Civil y Comercial, reproduce la norma del actual artículo 33, considerando a “la Iglesia Católica” una “persona jurídica pública”.
Aunque algunos afirman que esa condición le fue dada a la Iglesia por la reforma del Código de 1968 (durante el gobierno militar de Onganía), la verdad es que siempre la tuvo. En el texto original del Código, se la consideraba “persona jurídica necesaria”, y en 1968 sólo se cambió la forma de denominarla, sin variar su naturaleza.
La Iglesia Católica preexiste en nuestro país al Estado nacional.
Su condición de persona pública, ni siquiera depende de lo que diga el Código Civil, sino que resulta de la propia Constitución Nacional. La Constitución prevé que el Estado se vincula con la Iglesia por medio de la firma de Concordatos con la Santa Sede. La Santa Sede es algo distinto del “Estado Vaticano” (como algunos confunden): es la personalización de la Iglesia misma, representada por el Papa. Y es un sujeto de Derecho Internacional, reconocido como tal por el Derecho Internacional Público en todo el mundo.
La condición de persona jurídica pública, resultante no tanto del Código Civil sino del derecho internacional (en concreto, del Acuerdo de 1966 entre la Argentina y la Santa Sede) ha sido unánimemente reconocida por la doctrina, y por la jurisprudencia, incluso de la Corte Suprema de Justicia (3), y ha tenido diversas aplicaciones judiciales y administrativas.
Ciertamente, ser persona jurídica pública no implica ser parte de la estructura estatal. La Iglesia es pública pero autónoma respecto del Estado. Hay otras personas jurídicas públicas no estatales, y concretamente en el actual debate, y también alegando con razón su preexistencia al Estado nacional, es la condición que reclaman los pueblos originarios.
Mantener el reconocimiento de la Iglesia Católica en la misma forma que ha sido hecho desde el inicio de la Nación hasta ahora, no es otorgarle privilegios (que ella no busca, GS 76), sino reconocer una realidad jurídica e histórica.
2. Las restantes iglesias y comunidades religiosas
En cambio, el Proyecto ha omitido cualquier previsión acerca de la personalidad jurídica de las restantes confesiones religiosas. Hasta ahora, la casi totalidad de las iglesias y comunidades religiosas distintas de la Iglesia Católica, para poder existir jurídicamente e intervenir en el tráfico jurídico, acuden a la forma “asociación civil”. Pero no solamente esa forma no les resulta adecuada, sino que con la regulación extremadamente reglamentarista que propone ahora el Proyecto, les resultará muy perjudicial.
La Iglesia Católica es la primera en afirmar y defender el derecho de todas las iglesias y comunidades religiosas, a ser reconocidas como sujetos de derecho, y a poder conducirse en sus asuntos internos con autonomía y sin interferencia del Estado. Es lo que enseña el Concilio Vaticano II (Dignitatis Humanae, 4), como exigencia ineludible del derecho fundamental a la libertad religiosa.
Por lo tanto, lejos de poner inconvenientes, la Iglesia Católica apoya el reclamo de las demás iglesias de que el Código contemple, como una clase especial de personas jurídicas, a “las iglesias y comunidades religiosas”.
Seguramente, luego será necesario el dictado de una ley especial referida a este tipo de personas jurídicas (4). Tal legislación aún no existe, y tampoco es pertinente incluirla en el Código Civil porque, entre otras razones, debería incluir la creación de organismos administrativos. Pero sí es posible que, del mismo modo que el Código menciona a varios tipos de personas jurídicas que son regulados en leyes especiales (mutuales, cooperativas, sociedades) lo haga con este tipo de personas jurídicas (que hoy existen, aunque carezcan de marco legal apropiado).
Reconocer a las demás iglesias el derecho que justamente reclaman a su condición de personas jurídicas, de ninguna manera exige quitar a la Iglesia Católica el suyo propio. En todo caso, si lo que se busca es una mayor igualdad religiosa, lo que debe procurarse es “igualar hacia arriba”, reconociendo el valor intrínseco de la dimensión religiosa, y no igualar hacia abajo quitando a la Iglesia Católica lo que en justicia le corresponde.

3. La persona humana existe desde la concepción
El primer derecho humano es el derecho a la vida. Se es persona humana desde el momento de la concepción, porque a partir de ese instante se configura un ser humano nuevo, único e irrepetible. No reconocer esta igual dignidad para todos, significa introducir una discriminación injusta.
Si introdujéramos el principio de la selección de vidas dignas de vivir y el principio de supresión de vidas que ya no merecen vivir, deberíamos advertir que esos principios pueden convertirse luego en práctica política, que justificaría, como sucedió en otras épocas, la discriminación de grupos humanos que se consideraban una amenaza para la humanidad.

4. El matrimonio y la familia
El matrimonio y la familia son realidades anteriores al Estado, y éste debe apoyar y acompañar los modelos de vida en los que los esposos se comprometen a la fidelidad, la cohabitación, la asistencia recíproca y el bien de los hijos. La ley debe proponer –como hizo siempre y en la perspectiva del bien común- un modelo de familia, y apoyarlo, más allá de que haya personas que en ejercicio de su libertad opten por otras formas de vida. En ese sentido, la equiparación casi absoluta entre el matrimonio y la llamada “unión convivencial”, no contribuye a dignificar a aquél.
La familia normal no es la del pasado sino la del futuro. Pero el futuro no se construye cancelando la memoria y sino que se la asume, se discierne cuidadosamente lo que la daña, y se la reconduce. Es necesario recuperar, sanar y madurar los vínculos filiales, fraternos, esponsales, paternales y maternales.

5. La protección de los niños
El régimen de la paternidad, la maternidad y la filiación, en el texto para la Reforma del Código Civil, generan incertidumbre respecto a la protección de los derechos de los niños. La regulación de los efectos de las técnicas de fecundación artificial, -ignoran las objeciones ético-jurídicas de fondo que merecen -, y privilegia un supuesto “derecho al hijo”, por sobre los derechos del hijo a la vida y al respeto de su intrínseca dignidad y el principio de originalidad en la transmisión de la vida humana. Niega a los niños concebidos mediante las técnicas de fecundación artificial el acceso al establecimiento del vínculo filiatorio biológico, mientras que se lo permite en otras filiaciones. Se discrimina así entre categorías de hijos con más o menos derechos según el modo en que fueron concebidos. Se ha optado por regular sólo algunas consecuencias de la reproducción artificial, lo que deja abiertas múltiples cuestiones. Pareciera que cualquier cosa es lícita en esta materia, librada al novedoso concepto de la “voluntad procreacional” de pretensos progenitores.

6. Proteger y dignificar a la mujer
En el documento Reflexiones y aportes reconocemos con satisfacción que hay un esfuerzo en el texto de Reforma del Código Civil por atender con delicadeza a la protección de los derechos de la mujer. Pero al mismo tiempo, resulta agraviante a la dignidad de las mujeres y de los niños la posibilidad de la existencia del alquiler de vientres, denominado eufemísticamente maternidad subrogada o gestación por sustitución. El “alquiler de vientres” degrada a la mujer gestante, arriesga crear más desigualdad por la explotación para estos fines de mujeres pobres, y desconoce el profundo vínculo psicológico que se establece entre ella y el niño al que da a luz.

Conclusión
Sobre estas cuestiones la Iglesia no recurre a la Revelación ni al dogma, sino que ofrece una argumentación razonada y fundada, a partir de los datos que le proporciona el avance de la ciencia y de la técnica. Sin embargo, experta en humanidad, la Iglesia advierte que no todo lo que es técnicamente posible y deseado en el manejo de la vida es necesariamente ético y respeta su dignidad.
Es de gran actualidad la sentencia del Derecho Canónico, donde se afirma que “Lo que a todos atañe por todos y cado uno debe ser aprobado”  (5). El bien común que está en juego ante la sanción del nuevo Código, es algo que nos atañe a todos y todos debemos colaborar para que ese bien común e integral realmente beneficie todos. Con esa intención entrego estos aportes para contribuir a la mejor reforma del Código Civil.
Ante la Santísima Cruz de los Milagros, invoco la maternal protección de la Virgen de Itatí, tiernísima Madre de Dios y de los hombres, sobre el pueblo correntino y sobre toda nuestra Nación, en este momento histórico de gran trascendencia para nuestra Patria.

Mons. Andrés Stanovnik
Arzobispo de Corrientes

TEXTO AMPLIADO: En la página web del Arzobispado. Sección CONFERENCIA (a la izquierda de la página de inicio).

Notas.
(1) Las ideas principales de esta exposición fueron extraídas de “Reflexiones y aportes sobre algunos temas vinculados a la Reforma del Código Civil”, de la Asamblea de la Conferencia Episcopal Argentina, 27 de abril de 2012; del “Código Civil y nuestro estilo de vida”, de la Comisión permanente del Episcopado, 22 de agosto de 2012; y de los aportes del Dr. Juan G. Navarro Floria sobre la Iglesia Católica y las otras iglesias y comunidades religiosas.
(2) Cf. “Análisis del Proyecto de Nuevo Código Civil y Comercial 2012”, UCA, pág. 19-20.
(3) CS, “Lastra, Juan C/ Obispado de Venado Tuerto”, ED 145-495.
(4) En los últimos años se han dictado leyes en esta materia en Colombia (ley 131 de mayo de 1994), Chile (ley 19.638 de septiembre de 1999), Perú (ley 29.635 de diciembre de 2010) y se tramitan proyectos en varios países de la región. Sobre algunos de los fallidos proyectos tramitados en la Argentina para esta regulación, remito en honor de la brevedad a NAVARRO FLORIA, Juan G., “Las confesiones religiosas distintas de la Iglesia Católica en el derecho argentino”, ED 151-897; íd. "El nuevo proyecto de ley de cultos o de libertad religiosa", EDLA 1997-A-1421; íd., “Un nuevo proyecto de ley de libertad religiosa”, EDLA 2001-B-1003; y abundante material disponible en www.calir.org
(5) Código de derecho canónico, 119,3: Quod autem omnes uti singulos tangit, ab omnibus approbari debet.